El 12 de setiembre se realizó en Uruguay el taller de formación para organizaciones de la sociedad civil, “Incidencia de la sociedad civil en el gobierno abierto”. ¿Cómo nos puede ayudar la ley de acceso a la información a cumplir nuestros objetivos? ¿Hay requisitos para utilizarla? ¿a qué tipo de información se puede acceder? Con el objetivo de responder estas preguntas se realizó un taller virtual organizado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y el Instituto Psicopedagógico del Uruguay (IPPU), con la participación de expertas de Cainfo, y con el apoyo del Fondo de Misión de la Embajada de Nueva Zelandia, en la sede del IPPU en Montevideo. El encuentro online estuvo dirigido a organizaciones de personas discapacitadas o de adultos mayores de 10 departamentos que participan del proyecto Usinas de Inclusión de IPPU. Su objetivo fue el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en su incidencia en políticas públicas,
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Noticias
El sábado 20 de setiembre, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) organizó en Colonia del Sacramento, Uruguay, en acuerdo con la Fundación Fontaina Minelli y con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelandia en Buenos Aires, un taller sobre los principios del gobierno abierto. Se trabajó con representantes de organizaciones de Colonia, Carmelo, Colonia Valdense, Ciudad del Plata, Florida, Canelones y Montevideo en torno a la participación, la incidencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Esta actividad se enmarca en el proyecto “Uruguay: incidencia de la sociedad civil en el gobierno abierto”, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Embajada de Nueva Zelandia en Buenos Aires y se propone fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas. El objetivo central del proyecto es la promoción de los valores y principios del gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana), mediante actividades de
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Representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y academia tuvieron oportunidad de debatir en torno a la necesidad de un marco normativo para la participación ciudadana. El martes 21 de octubre el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y la Asociación Nacional de ONG (ANONG), con el apoyo del PNUD y de la Embajada de Nueva Zelandia en Buenos Aires convocaron a representantes de organizaciones que trabajan en la promoción de derechos, a legisladores, a organismos del estado y a personas expertas en temas de derecho de la sociedad civil, para dialogar e identificar el conjunto de principios que pueden constituir un marco de derecho a la participación ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay han venido planteando la necesidad consolidar y hacer más efectivos los mecanismos de participación ciudadana. En la edición 2014 de la Iniciativa Rendir Cuentas, donde 116 organizaciones manifestaron su voluntad de transparencia
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La Cámara de Diputados de Brasil rechazó el decreto presidencial que creó la Política Nacional de Participación Social (PNPS). El tema pasó ahora a consideración del Senado. El decreto 8.243/2014, de la presidenta Dilma Rousseff, creó una la Política Nacional de Participación Social cuyo objetivo es consolidar la participación social como «método de gobierno», mandatando a los órganos gubernamentales, inclusive a las agencias de servicios públicos a promover consultas populares. En la práctica, la propuesta obliga a los órganos de la administración a crear de forma directa o indirecta estructuras de participación social. La Asociación Brasilera de ONG (Abong), diversas entidades de la sociedade civil y movimientos sociales ya manifestaron su apoyo al proyecto, que sufrió ataques de la prensa y de diversos partidos del Congreso desde su lanzamiento. Nota completa del Observatorio de la Sociedad Civil
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En el marco de la Conferencia Regional de la Alianza Mundial por el Gobierno Abierto, Uruguay presentó una evaluación y perspectivas futuras de sus planes de gobierno abierto, desde la mirada de los responsables de gobierno, la sociedad civil involucrada y los responsables de la evaluación independiente. En Costa Rica, del 17 al 19 de noviembre, se presentaron los avances y perspectivas de los distintos países de las Américas que participan en la Alianza Mundial por el Gobierno Abierto. Uruguay hizo su presentación en una sesión junto con Guatemala y Honduras. Por Agesic, el organismo responsable de los planes de acción de Uruguay, participó Virginia Pardo; como representante de la Red de Gobierno Abierto de la Sociedad Civil participó Fabrizio Scrollini, integrante de DATA y por parte del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), Analía Bettoni del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD). Las presentaciones se centraron en los avances que tuvo
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El Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sustentable (IEAG, por sus siglas en inglés) se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para entregarle su reporte Un mundo que cuenta: Movilizando la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sustentable. El pasado agosto, el Secretario General de la ONU solicitó al grupo, integrado por más de 20 expertos internacionales, que propusiera maneras para mejorar el acceso a la información con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo sustentable y de monitorear esos logros. El reporte (disponible solo en inglés) subraya dos grandes desafíos globales para el estado actual de los datos: el desafío de la invisibilidad -por ejemplo, las brechas sobre qué sabemos y cuándo lo sabemos- y el desafío de la desigualdad, que incluye las brechas entre quienes saben y quienes no saben lo que necesitan saber para poder tomar
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Iniciar un proceso de consulta para reformar la ley de acceso, implementar cursos de capacitación y promover el uso del derecho de acceso a la información, son algunos de los compromisos que asumió el Estado uruguayo en el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014- 2016. Los 40 compromisos y más de 90 metas sobre gobierno abierto que conforman el plan son producto de un proceso debate y participación entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. En las instancias de Mesas de Diálogo conformadas con este propósito, CAinfo y distintas organizaciones civiles que también integran la Red de Gobierno Abierto propusieron a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)compromisos concretos para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer el derecho de Acceso a la información pública. Finalmente la UAIP tomó dos compromisos con 10 metas. El organismo estatal se comprometió a generar un
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó en la mañana del jueves 31 de julio de 2014, una Ley que establece nuevas reglas para las alianzas entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La nueva legislación que establece normas más claras para las asociaciones con las agencias federales, gobiernos estatales y municipales, fue muy celebrada por los representantes de la sociedad civil que asistieron a la ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial. “El nacimiento de un Marco Regulatorio de las OSC es un gran avance para la democracia en Brasil, que pasa a tratar a las organizaciones como entes legítimos que se relacionan con el estado. Se crea un ambiente mucho más propicio para las OSC y las reconoce como socias en el servicio a los ciudadanos “, dijo Rousseff. La presidenta destacó las ventajas de las reglas más claras y objetivas provocadas por la nueva
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