CIVICUS conversa sobre la evolución, los desafíos y el futuro de la sociedad civil en América Latina y en el mundo con Anabel Cruz, expresidenta de la Junta Directiva de CIVICUS, copresidenta del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y directora fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) en Uruguay. Desde los años 90, la sociedad civil se articuló globalmente a través de redes internacionales que dieron forma a una voz colectiva frente a desafíos compartidos. Con los años, las agendas se ampliaron desde el combate a la corrupción y el reclamo de transparencia a la lucha contra el cambio cambio climático, el gobierno abierto y la protección de personas defensoras de derechos humanos. Hoy enfrenta presión bajo la forma de recortes presupuestarios, discursos antiderechos y leyes restrictivas, mientras lucha por ser reconocida como pilar fundamental de la democracia. ACCEDER A LA ENTREVISTA

Esta actividad forma parte de las conmemoraciones globales por el 80° aniversario de las Naciones Unidas, en homenaje al legado de la Organización desde su creación en 1945 y su papel en la promoción de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. A la vez, busca abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil sobre los retos y oportunidades del multilateralismo actual, en un contexto mundial marcado por conflictos, crisis humanitarias y desigualdades persistentes. Fecha: 27 de noviembre, 12 horas Lugar: Centro Cultural de España, Rincón 629, Montevideo Inscripciones: https://forms.office.com/e/1eZQ3KFqmW AGENDA

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , Espacio Crítico y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y invitan al diálogo: “América Latina: retos de la sociedad civil ante una democracia amenazada” 25 de setiembre de 2025 15:00 a 16.30 horas Sede de la INDDHH, Bulevar Artigas 1532, Montevideo Representantes de la sociedad civil de América Latina y de instituciones y organismos nacionales e internacionales debatirán en torno a medidas identificadas para la defensa del espacio cívico en la región. Se aspira a que el debate y sus resultados potencien la labor de los actores de la sociedad civil y su articulación regional en un entorno de creciente riesgo, y que contribuyan al fortalecimiento de la democracia y la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. También se busca que las administraciones y organizaciones regionales e internacionales garanticen un entorno

El 10 de diciembre se realizó el lanzamiento público de la iniciativa regional «Montevideo ciudad segura para personas defensoras de derechos humanos de América del Sur», en conjunto con informe «El poder ciudadano bajo ataque 2024 del Civicus Monitor». La actividad fue realizada en el Centro de Formación del la Cooperación Española en Montevideo, y virtual para toda la región. Conto con la participación de referentes de sociedad civil, gobierno y organismos internacionales. Agenda El poder ciudadano bajo ataque      

Una nueva etapa de nuestra iniciativa regional de protección para personas defensoras de derechos humanos en América del Sur está en marcha. Se ha abierto la postulación para personas defensoras de 8 países de la región que quieran realizar una reubicación temporal y programa de fortalecimiento de capacidades en Montevideo en 2025. En América Latina y el Caribe, muchas personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a diario a persecuciones, amenazas, hostigamiento y al peligro constante de sufrir violencia a causa de su trabajo. Quienes se dedican por ejemplo a la defensa de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos medioambientales, o de las comunidades LGBTIQ+, la lucha contra la corrupción, la promoción de la libertad de expresión e información, o a la labor periodística se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. En los últimos años, la región ha sido testigo de sucesos preocupantes que subrayan

Urge un compromiso claro contra la corrupción Montevideo, 15 de noviembre de 2024 – En el marco del proceso electoral, las organizaciones de la sociedad civil que integran el Escenario Nacional del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) expresan su preocupación ante la falta de discusión pública sobre las medidas concretas que cada una de las fórmulas presidenciales tomará para combatir la corrupción en Uruguay. El OCC en Uruguay está conformado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) como punto focal y por CAinfo, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU), DATA Uruguay, Grupo Visión Nocturna, el Instituto Afrodescendiente-Uruguay, IELSUR, MYSU, DITEC y la Fundación Siembra. El grupo trabaja desde 2021 en el seguimiento de los compromisos asumidos por Uruguay en las Cumbres de las Américas, incluyendo los de Lima (2018) y Los Ángeles (2022). LEER COMUNICADO COMPLETO ACCEDER AL INFORME

El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó el dictamen que propone la modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. La medida fue aprobada con 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, se la exoneró de una segunda votación. Esta medida impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, lo que tiene un impacto inhibitorio en el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho de petición ante órganos de protección internacional. Esta norma que modifica el marco normativo de la APCI, le otorga amplias facultades para controlar y sancionar a las ONG que reciben financiación de la cooperación internacional. Con el pretexto de fortalecer la transparencia y supervisión de los recursos recibidos de la cooperación internacional, la ley

19 de octubre de 2024    DECLARACIÓN DE REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL EN EL COMITÉ DIRECTIVO DE ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (OGP) El espacio cívico se está deteriorando en muchas regiones, y América Latina no es la excepción. Nos preocupa que en varios países se está avanzando en regulaciones –algunas legislativas y otras ejecutivas– que podrían limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), su libertad de asociación, su capacidad para recibir financiamiento y su autonomía, entre otros aspectos. Proteger y ampliar el espacio cívico es uno de los objetivos estratégicos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). En Paraguay, un proyecto de Ley que impone requisitos adicionales y controles más estrictos a las actividades de las organizaciones no gubernamentales fue aprobado parcialmente por el Senado en julio pasado. Sin embargo, la cámara baja hizo modificaciones y el proyecto fue devuelto al Senado, que lo

Agosto 2024 En junio de 2024, la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú aprobó un dictamen que recoge el contenido de 5 proyectos de Ley que buscan modificar un conjunto de artículos de la Ley N.º 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El proyecto de ley faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar la utilización de recursos que reciben las ONG de desarrollo, provenientes de la cooperación técnica internacional. El siguiente artículo de CooperaAcción analiza las implicancias del proyecto de ley para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Nueva ley persecutoria a las ONG 11 de julio de 2024 CooperAcción Opina– (publicado en https://cooperaccion.org.pe/opinion) A inicios de junio del presente año, la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de la República aprobó un dictamen que recoge el contenido de 5 proyectos de Ley que buscan modificar un

6 de agosto, 2024 – En diciembre de 2023 se presentó en el Congreso de Paraguay el Proyecto de Ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El 8 de julio de 2024 el proyecto fue aprobado en sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, por lo que cuenta con media sanción. Las organizaciones de la sociedad civil de Paraguay han manifestado su profunda preocupación por este proyecto, porque consideran que el mismo impone requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la gestión y el acceso a financiamiento de las organizaciones, estableciendo un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas sin procedimientos definidos, lo que permitiría la discrecionalidad y la imposición de restricciones arbitrarias. También se alerta sobre la posibilidad de que con base en esta ley el Estado se apropie de recursos privados de las organizaciones, atentando