Representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y academia tuvieron oportunidad de debatir en torno a la necesidad de un marco normativo para la participación ciudadana.
El martes 21 de octubre el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y la Asociación Nacional de ONG (ANONG), con el apoyo del PNUD y de la Embajada de Nueva Zelandia en Buenos Aires convocaron a representantes de organizaciones que trabajan en la promoción de derechos, a legisladores, a organismos del estado y a personas expertas en temas de derecho de la sociedad civil, para dialogar e identificar el conjunto de principios que pueden constituir un marco de derecho a la participación ciudadana.
Las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay han venido planteando la necesidad consolidar y hacer más efectivos los mecanismos de participación ciudadana. En la edición 2014 de la Iniciativa Rendir Cuentas, donde 116 organizaciones manifestaron su voluntad de transparencia y de rendición de cuentas, las organizaciones también volcaron sus aportes a la pregunta de qué podría hacer la próxima administración gubernamental para generar un ambiente más habilitante para el trabajo de la sociedad civil. Muchas respuestas identificaron la necesidad de un nuevo marco normativo que regule las relaciones del estado con la sociedad civil, que reconozca el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de políticas públicas y que promueva el fortalecimiento y la sustentabilidad de las organizaciones.
También muchas organizaciones coinciden que hay una tarea impostergable: elaborar y poner en funcionamiento una ley de coparticipación ciudadana que establezca compromisos, responsabilidades, campos de acción, competencias y alcances normativos para todos los actores de la democracia y el desarrollo. Uruguay es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una política y normativa definidas sobre participación ciudadana.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y academia que estuvieron presentes en la actividad del 21 de octubre tuvieron la posibilidad de analizar el panorama en la región (ver presentación) y debatieron sobre las ventajas y las desventajas de contar con una ley de participación, así como también el alcance que una eventual ley podría tener.
