Durante los últimos años, diversos países de las Américas han avanzado en la aprobación de marcos normativos dirigidos a restringir, controlar y, en algunos casos, desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil OSC). Entre 2024 y 2025, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador adoptaron o reformaron leyes que, bajo argumentos de transparencia, seguridad nacional o supervisión administrativa, imponen controles desproporcionados a la labor de las OSC y afectan directamente su capacidad de operar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos. El análisis realizado por Amnistía Internacional evidencia que estas leyes, conocidas como “leyes anti-ONG”, comparten patrones preocupantes que comprometen seriamente el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la privacidad y al ejercicio del derecho a defender derechos humanos. La implementación de estas normas se produce en contextos de creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas, lo que amplifica su impacto y profundiza el cierre del espacio cívico en la región.

CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, les presenta su Informe sobre el estado de la sociedad civil 2026. Esta edición del informe, el decimoquinto de nuestra serie anual, repasa los acontecimientos de 2025 y principios de 2026 e identifica tendencias en la acción de la sociedad civil en todos los niveles y esferas, desde la respuesta a conflictos y las luchas por la democracia, la inclusión y la justicia climática hasta la demanda de una gobernanza mundial más sólida. Este informe analiza un mundo en el que poderes que no rinden cuentas están a la ofensiva: Estados poderosos están desmantelando el orden internacional basado en normas, la impunidad se está normalizando en conflictos desde Gaza hasta Sudán y la alianza de oligarcas de la tecnología y líderes autoritarios está utilizando su llegada a través de la web para difundir desinformación y reforzando la vigilancia. La retirada de financiación de las instituciones multilaterales, la militarización de la inteligencia artificial y la obstrucción deliberada de la acción contra el cambio climático no son crisis aisladas, sino aspectos interconectados de una etapa política en que las élites están consolidando su poder a expensas de los derechos humanos. Los más afectados por ello son quienes ya tienen menos acceso a derechos. Sin embargo, también aumenta la resistencia frente a estos ataques, y este informe documenta su alcance y su poder. En todo el mundo hay gente que opta por el coraje en vez de la sumisión. Una nueva generación está emergiendo y pasando a la acción. La incidencia, la recopilación de pruebas y el litigio de la sociedad civil están contrarrestando el retroceso e incluso asegurando victorias, dando prueba del valor de la acción colectiva sostenida. En una época de desesperanza manufacturada, este informe levanta las banderas de la resistencia. ACCEDER AL INFORME

La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) ha publicado el documento "Buenas Prácticas de las organizaciones de la sociedad civil para la cooperación internacional". El relevamiento y sistematización fue realizado con el apoyo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), basado en una metodología rigurosa e inspirada en experiencias internacionales de amplia trayectoria. Una buena práctica puede ser una metodología de trabajo, una herramienta, una actividad, un proyecto, entre otros formatos con capacidad de ser transferidas y replicadas en otros países (en el marco de acciones de cooperación Sur-Sur y Triangular), y generar resultados positivos. El documento presenta 13 prácticas de la sociedad civil en áreas como igualdad e inclusión, educación, transición verde, gobierno abierto, transición digital y protección de derechos.  

En 2024, ProtectDefenders.eu (PD.eu), el mecanismo de la UE para la defensa de los derechos humanos dirigido por un consorcio de 12 ONG internacionales, publicó The Landscape of Public International Funding for Human Rights Defenders (El panorama de la financiación pública internacional para las personas defensoras de derechos humanos).  El informe, que analiza la disponibilidad y la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para las personas defensoras de humanos, concluye que la necesidad de apoyo a las personas defensoras nunca ha sido mayor, pero los niveles de financiamiento se han estancado, solo se identificaron algunos aumentos marginales entre 2017-2020. ACCEDER AL INFORME COMPLETO

CIVICUS Monitor es una plataforma de investigación participativa que evalúa el estado del espacio cívico en todo el mundo y ofrece información sobre su evolución a lo largo del tiempo. Definimos el espacio cívico como el marco en el que se ejercen y se respetan en la ley, en la política y en la práctica las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, teniendo en cuenta en qué medida los Estados protegen estos derechos fundamentales. Este informe abarca un periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Durante este intervalo, CIVICUS Monitor documentó más de 3120 casos en los que se violaron las libertades cívicas. Ir a la página del informe https://monitor.civicus.org/globalfindings_2025/

A más de trece años de la publicación del segundo informe sobre la situación de personas defensoras en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte con preocupación que quienes defienden derechos humanos en la región continúan haciéndolo en un ambiente hostil donde su vida e integridad personal están constantemente en peligro. La violencia y los obstáculos que enfrentan persisten, en gran medida, debido a que desarrollan su labor en contextos en los que permanecen sistemas de discriminación y desigualdad histórica, así como estructuras patriarcales, que aumentan el riesgo para quienes desafían el status quo.

En poco más de 5 años, la práctica y la comprensión de la rendición de cuentas por parte de la sociedad civil ha experimentado importantes cambios e innovaciones, especialmente desde el surgimiento del concepto de “rendición de cuentas dinámica” y la creación del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC en 2017. Sin embargo, lejos de ser un concepto nuevo, la rendición de cuentas de la sociedad civil ha sido un tema de debate desde la década del 70, desencadenando una extensa reflexión, experimentación y regulación para y desde los actores de la sociedad civil. La rendición de cuentas se entiende como el(los) proceso(s) por el(los) cual(es) las organizaciones de la sociedad civil responden ante sus interlocutores por sus acciones, decisiones y resultados. Los mecanismos y enfoques para rendir cuentas son tan diversos como los actores de la sociedad civil y, con el tiempo, la rendición de cuentas de la sociedad civil ha pasado de ser una rendición estática y administrativa a convertirse en un elemento esencial de la cultura de la sociedad civil.

CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, les presenta su Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2025. Esta edición del informe, la decimocuarta, repasa los acontecimientos de 2024 y principios de 2025 e identifica tendencias en la acción de la sociedad civil en todos los niveles y esferas, desde la respuesta a conflictos hasta la demanda de reforma de las instituciones de gobernanza mundial, pasando por las luchas por la democracia, la inclusión y la justicia climática. El informe de este año tiene un nuevo formato más breve y accesible. Se alimenta de las investigaciones producidas por nuestra plataforma de análisis CIVICUS Lens y recoge las voces de actores de la sociedad civil afectados por los eventos en curso y activos en la respuesta. Incorpora más de 300 entrevistas y 80 artículos publicados por CIVICUS acerca de más de 120 países y territorios. ACCEDER AL INFORME

CIVICUS Monitor es una plataforma de investigación participativa que evalúa el estado del espacio cívico en todo el mundo y ofrece información sobre su evolución a lo largo del tiempo. Definimos el espacio cívico como el marco en el que se ejercen y respetan, la ley, en las políticas públicas y la práctica, las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la medida en que los Estados protegen estas libertades fundamentales.