Anabel Cruz, Director Instituto de Comunicacion y Desarrollo (ICD), Uruguay The decisions and announcements of several governments about cuts to aid budgets are sending shockwaves through the nonprofit world, affecting funding, operations, and the future of countless third sector and civil society organizations. The 90% cuts to USAID and State Department foreign assistance programmes alone amounts to about $60 billion, representing a deficit of between 25-30% of the world's total official development assistance (ODA). Recent announcements by some Development Assistance Committee (DAC) member countries have raised concerns about future levels of ODA, while several European governments have already announced cuts, especially for programs benefiting local and global civil society, redirecting aid budgets towards trade and defence. According to some sources, humanitarian architecture is already being decimated with these measures. ACCEDER A LA NOTA COMPLETA ACCEDER A LA NOTA EN ESPAÑOL

Informe realizado en el marco del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales del continente, creada originalmente para permitir el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas e impulsar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. El OCC, es el resultado de la colaboración entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y capítulos de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y organizaciones de sociedad civil que actúan en 19 países del continente. Redlad y el Foro Ciudadano de las Américas son plataformas de diálogo, intercambio, fortalecimiento, comunicación e incidencia de la sociedad civil que operan a lo largo de la región.

En la región de América Latina, numerosos defensores y defensoras de derechos humanos afrontan cotidianamente la persecución, amenazas, hostigamiento y el constante peligro de ser víctimas de actos violentos debido a su labor. Aquellas personas que se dedican a la defensa de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, los de las comunidades LGBTIQ+, a la lucha contra la corrupción, o a la promoción de la libre expresión e información, entre otros temas, son particularmente vulnerables a esta situación. En este marco regional, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y ProtectDefenders.eu/FIDH firmaron un convenio de trabajo para la realización de un estudio de factibilidad que analizara la viabilidad y la necesidad de implementar un Programa de Reubicación Temporal (PRT) en Uruguay, que atienda las necesidades de personas defensoras de derechos humanos de ocho países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Venezuela).

En el marco del proyecto “Fortalecer-Participar-Incidir” que la Asociación Nacional de ONG (ANONG) desarrolla con el financiamiento de la Unión Europea, se estableció un acuerdo con el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) para generar una propuesta de diseño institucional de un “Fondo para el fortalecimiento Sociedad Civil” basada en el análisis de modelos existentes y considerando las perspectivas de actores aliados clave.

Las organizaciones de la sociedad civil en el Sur Global han abogado durante mucho tiempo por políticas y prácticas de donantes que valoren su rico conocimiento y experiencia organizativa; reconozcan su necesidad de financiamiento y apoyo; e institucionalicen un diálogo regular. La Recomendación de la CAD de 2021 sobre la Promoción de la Sociedad Civil en la Cooperación para el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria, el primer instrumento de política legal internacional sobre la promoción de la sociedad civil, reconoció estas preocupaciones, pidiendo a los donantes que fortalezcan el liderazgo y la efectividad de la sociedad civil en los países asociados. El reciente acercamiento a las organizaciones del Sur por parte de un grupo de trabajo de la OCDE sobre la Recomendación ha generado recomendaciones específicas en torno a mecanismos alternativos de financiamiento, colaboración y apoyo que ayuden a los donantes a crear relaciones nuevas y más fructíferas con la sociedad civil local que se basen en la confianza y el respeto mutuos. Autores: Anabel Cruz, Communication and Development Institute (ICD) Brian Tomlinson, AidWatch Canada Nikhil Dutta, International Centre for Not-for-Profit Law

El Índice de Participación de la Sociedad Civil (IPSC) es producto de un acuerdo de trabajo entre ANONG y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD). Constituye una herramienta para la medición, evaluación y monitoreo participación de la sociedad civil en las políticas públicas en Uruguay. El IPSC, a partir de una metodología cocreada por una diversidad de actores de la sociedad civil, busca evaluar de forma objetiva la efectividad de los espacios de participación institucionalizados, tanto en lo que respecta a sus procesos como a los resultados, explorando asímismo la identificación de posibles áreas para su fortalecimiento. Esta investigación fue realizada por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) en el marco del proyecto Fortalecer Participar Incidir, que la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) llevó a cabo con la cofinanciación de la Unión Europea.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA, u OGP por sus siglas en inglés) es una alianza mundial que reúne a reformadores de gobiernos y líderes de la sociedad civil para crear planes de acción que hagan a los gobiernos más inclusivos, receptivos y responsables. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los gobiernos hagan seguimiento a los compromisos y los cumplan. Uruguay se unió a OGP en 2011 y desde ese momento ha implementado tres planes de acción. Este reporte evalúa el diseño del cuarto plan de acción del país.

El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) lleva a cabo una evaluación bianual de las actividades de cada país participante en la Alianza por el Gobierno Abierto. Uruguay participa en la AGA desde 2011. Este informe cubre el primer año de implementación del 3er plan de acción 2016-2018. El MRI en Uruguay es el Instituto de Comunicación y Desarollo (ICD)