En los últimos años, América Latina vivió una expansión sostenida de marcos regulatorios dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), presentados con objetivos legítimos: transparencia, rendición de cuentas, seguridad financiera. El análisis comparado de diez países muestra otra cosa: la consolidación de modelos que normalizan la sospecha sobre la sociedad civil, amplían la discrecionalidad estatal y debilitan el debido proceso.