Durante los últimos años, diversos países de las Américas han avanzado en la aprobación de marcos normativos dirigidos a restringir, controlar y, en algunos casos, desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil OSC). Entre 2024 y 2025, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador adoptaron o reformaron leyes que, bajo argumentos de transparencia, seguridad nacional o supervisión administrativa, imponen controles desproporcionados a la labor de las OSC y afectan directamente su capacidad de operar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos. El análisis realizado por Amnistía Internacional evidencia que estas leyes, conocidas como “leyes anti-ONG”, comparten patrones preocupantes que comprometen seriamente el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la privacidad y al ejercicio del derecho a defender derechos humanos. La implementación de estas normas se produce en contextos de creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas, lo que amplifica su impacto y profundiza el cierre del espacio cívico en la región.