Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de pandemia el brote de COVID-19. A lo largo de 2020 el CIVICUS Monitor documentó la imposición de una serie de restricciones de ciertos derechos por parte de los gobiernos con el pretexto de proteger la salud y la vida de las personas.
Si bien el derecho internacional permite limitar derechos en respuesta a emergencias de salud pública, también deja claro que dichas limitaciones han de ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Sin embargo, tal y como se destaca en el informe «El poder ciudadano bajo ataque» de CIVICUS de 2020, algunos gobiernos aprovecharon la pandemia para introducir o aplicar restricciones adicionales a las libertades cívicas.