De acuerdo con los datos del nuevo informe del CIVICUS Monitor,  El poder ciudadano bajo ataque 2025, la sociedad civil en las Américas «enfrenta profundas presiones ante el amplio retroceso de las libertades cívicas en la región. Alrededor del 60 % de la población vive actualmente en contextos con un espacio cívico “obstruido”, mientras que el 30 % está expuesto a las peores condiciones en los países con un espacio cívico “cerrado” o “represivo”. De los treinta y cinco países de esta región, tres tienen un espacio cívico clasificado como “cerrado”, siete como “represivo”, seis como “obstruido”, nueve como “estrecho” y diez como “abierto”.
En medio de este declive, democracias históricamente sólidas muestran signos de un rápido giro autoritario, marcado por el debilitamiento del Estado de derecho y el aumento de restricciones a la sociedad civil independiente. Argentina y Estados Unidos constituyen ejemplos ilustrativos de esta situación».

En 2025, la libertad de expresión continuó siendo la libertad cívica más vulnerada
en las Américas. Además, desde 2018, los ataques, los actos de intimidación y las
amenazas contra los profesionales del periodismo figuran entre las cinco violaciones
más comunes de la región.

Las detenciones de personas defensoras de derechos humanos figuran por primera vez entre las cinco violaciones más frecuentes de la región. Se registraron casos en
al menos doce países, entre ellos Argentina, Dominica, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay. Las autoridades recurren cada vez más al derecho penal para catalogar a los activistas como delincuentes, enemigos o terroristas, y no dudan en utilizar la difamación, las acusaciones imprecisas y las detenciones preventivas prolongadas para silenciarlos.