El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó el dictamen que propone la modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. La medida fue aprobada con 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, se la exoneró de una segunda votación.

Esta medida impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, lo que tiene un impacto inhibitorio en el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho de petición ante órganos de protección internacional.

Esta norma que modifica el marco normativo de la APCI, le otorga amplias facultades para controlar y sancionar a las ONG que reciben financiación de la cooperación internacional. Con el pretexto de fortalecer la transparencia y supervisión de los recursos recibidos de la cooperación internacional, la ley convierte a la APCI en un órgano de control previo de las actividades de las ONG. La medida establece importantes restricciones, especialmente a aquellas enfocadas en derechos humanos y justicia. Entre sus disposiciones figura la imposición de severas penalizaciones hacia las ONG que emprendan o respalden acciones legales contra el Estado.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) publicó, un pronunciamiento en el cual indica que el objetivo de esta ley es «multiplicar las sanciones arbitrarias contra las ONG».

Diversos órganos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos de Naciones Unidas y varios gobiernos que son socios de cooperación con Perú ya han manifestado su rechazo a esta ley, advirtiendo que la norma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y podría ser utilizada para restringir el espacio cívico y perseguir voces críticas en el país.