La Ley Integral contra el Lavado de Activos de Uruguay incluye a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados. Todas las organizaciones sin fines de lucro en Uruguay, con o sin personería jurídica, y que superen determinado umbral de ingresos de cualquier naturaleza, están obligadas a una serie de responsabilidades y provisión de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). El titular de SENACLAFT Jorge Chediak, ha anunciado recientemente que pronto comenzarán los controles sobre “las organizaciones sin fines de lucro: las iglesias de todas las denominaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo tipo”. Uruguay, a través de SENACLAFT, es miembro de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental que establece estándares y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento
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