Invitamos a taller informativo sobre las implicancias que la normativa para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puede tener sobre las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay

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La Ley Integral contra el Lavado de Activos de Uruguay incluye a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados. Todas las organizaciones sin fines de lucro en Uruguay, con o sin personería jurídica, y que superen determinado umbral de ingresos de cualquier naturaleza, están obligadas a una serie de responsabilidades y provisión de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). El titular de SENACLAFT Jorge Chediak, ha anunciado recientemente que pronto comenzarán los controles sobre «las organizaciones sin fines de lucro: las iglesias de todas las denominaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo tipo”.

Uruguay, a través de SENACLAFT, es miembro de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental que establece estándares y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Uruguay también es miembro del grupo regional GAFILAT, que reúne a 17 países de la región, y adhiere a las 40 recomendaciones del GAFI como estándar internacional.

La Recomendación No. 8 de GAFI intenta asegurar que las organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas indebidamente por organizaciones de lavado de activos o terroristas. GAFI recomienda «normas focalizadas y proporcionales, con base en evidencias y el diálogo con el sector, que no limiten los derechos humanos ni el trabajo legítimo de las organizaciones sin fines de lucro«. Pero los gobiernos en América Latina en general parecen no haberse adaptado al estándar de GAFI, y se reglamenta y se habla del sector de manera genérica, en vez de focalizarse en aquellas organizaciones identificadas como de alto riesgo, no habiendo espacios de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Así, las organizaciones en Uruguay están relativamente desinformadas de estos procesos, incluso sobre la más reciente evaluación mutua que realizó GAFILAT en Uruguay (publicada en enero de 2020).

GAFILAT está realizando un estudio para evaluar el nivel de cumplimiento de los países con la Recomendación 8. Representantes del gobierno de Uruguay y de los otros 17 países miembros de GAFILAT están completando este mes una encuesta. Asimismo, desde la sociedad civil se está promoviendo una encuesta espejo para que la completen en los mismos países las organizaciones de la sociedad civil, de forma de recopilar sus voces y argumentar en favor de un entorno más favorable.

En el taller compartiremos información sobre el estudio regional dentro de una estrategia de incidencia con el GAFILAT y con agencias de gobierno, y hablaremos de los conceptos clave de los estándares aplicables a nuestras organizaciones. Se trata de una oportunidad de hacer oír la voz de la sociedad civil en un tema que puede tener un impacto importante en su entorno legal. Esta es una oportunidad única para representantes de la sociedad civil puedan participar en una evaluación de las leyes y medidas que afectan al sector y el cumplimiento en sus respectivos países de los estándares globales aplicables.

El taller contará con la participación de la experta argentina Gabriela Pellón de la Coalición Global de OSFL para GAFI.

Organizan: Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el International Center for Non-For-Profit Law (ICNL) y la Coalición Global de OSFL para GAFI.

Apoyan: Red de Gobierno Abierto Uruguay y Asociación Nacional de ONG (ANONG).