El  mandato  de  la  misión  de CIVICUS incluyó:  (i)  expresar  la  solidaridad  con  las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, que han sido desafiadas en los años 2008 y 2009 con limitaciones al espacio en el cual desarrollar sus legítimas actividades; (ii) impulsar  y persuadir a las autoridades  sobre  la necesidad de protección  de  las  libertades cívicas y políticas en el país,  en especial el derecho a la expresión democrática del disenso.  Los  integrantes de la misión  se  reunieron  con  numerosos  grupos  de la sociedad civil, incluyendo grupos del movimiento de mujeres, que han sufrido restricciones  recientes, así como  con  integrantes  del  parlamento y funcionarios de gobierno. 

La misión  resaltó  los pasos positivos dados por el gobierno en  la  cobertura  de  salud y educación,  que  han  resultado  en  un aumento del nivel de alfabetización en el país. La misión observó que a pesar de que  las  relaciones entre el gobierno  y la sociedad civil  son a menudo muy buenas a nivel municipal,  existen temas importantes  a  nivel nacional  que  es  importante  tener  en cuenta. De forma especial,  la misión expresó su beneplácito por la disposición de integrantes del parlamento y funcionarios gubernamentales  de  considerar  las preocupaciones expresadas por los grupos de la sociedad civil.  

Se  identificaron  las  mayores áreas  de preocupación  en  los siguientes aspectos: (a) ataques a activistas  sociales  que expresan desacuerdos con  políticas oficiales, (b)   aislamiento y  ubicación  en  la  lista negra  a  ciertos  grupos, especialmente  a los  que trabajan  con  temas  de  rendición de  cuentas  y gobernabilidad,  (c) marginalización hacia  grupos  independientes  de la sociedad civil, mediante  la creación de ONG organizadas desde el gobierno, con apoyo de  fondos  federales,  (d) bloqueo del acceso público a la información de fuentes oficiales,  (e) acoso hacia medios de comunicación independientes, especialmente radio y estaciones de televisión críticas a las acciones oficiales, y (f) la implementación de facto del manual de cooperación internacional, que promueve restricciones al apoyo de grupos locales de la sociedad civil por parte de organizaciones internacionales.  

“Nuestras conversaciones con  representantes gubernamentales claves han sido abiertas y positivas” expresó Anabel Cruz,  la Presidenta de  la Junta Directiva  de CIVICUS  que encabezó  la  misión.  “Hacemos  un llamado al Gobierno de Nicaragua para que considere a la sociedad civil como  aliada  en  el  desarrollo  nacional  y confiamos que esta preocupación será atendida debidamente.” CIVICUS urge al Gobierno de Nicaragua a proteger y salvaguardar el espacio de  la  sociedad  civil,  de  acuerdo  y  con base  a  sus  compromisos constitucionales e  internacionales. Un  informe  completo  de la misión estará disponible muy pronto.