Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de pandemia el brote de COVID-19. A lo largo de 2020 el CIVICUS Monitor documentó la imposición de una serie de restricciones de ciertos derechos por parte de los gobiernos con el pretexto de proteger la salud y la vida de las personas. Si bien el derecho internacional permite limitar derechos en respuesta a emergencias de salud pública, también deja claro que dichas limitaciones han de ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Sin embargo, tal y como se destaca en el informe «El poder ciudadano bajo ataque» de CIVICUS de 2020, algunos gobiernos aprovecharon la pandemia para introducir o aplicar restricciones adicionales a las libertades cívicas. LEER INFORME

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Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil suscribieron una declaración por la transparencia en el manejo de la información sobre la pandemia, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa. «Las organizaciones firmantes de esta declaración expresan su preocupación por las dificultades persistentes para acceder a información de calidad a más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19 en el país y exhortan a las autoridades nacionales y departamentales a dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Acceso a la Información Pública», señala el pronunciamiento. El siguiente es el texto completo: El acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza la transparencia del Estado y proporciona los elementos necesarios para estimular el debate democrático y la participación ciudadana. Existen estándares claros en el ámbito internacional en materia de acceso

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El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), socio de la Iniciativa Regional Rendir Cuentas, se ha embarcado en un nuevo proyecto, asociándose al Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), una iniciativa impulsada por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD  y con la coordinación de organizaciones de la sociedad civil de la región: Fundación Poder Ciudadano de Argentina, Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras, Transparencia Venezuela, Corporación Transparencia por Colombia y Proética de Perú, todas en sus respectivos países, capítulos de Transparencia Internacional.  Integran el OCC 19 organizaciones de América Latina:   El OCC ofrece apoyo técnico para facilitar la coordinación de los esfuerzos de la sociedad civil de las Américas y lograr una acción más incidente en escenarios formales de la OEA, mediante la conformación de un mecanismo participación de sociedad civil expresado en el Foro Ciudadano de las Américas. El Observatorio busca sensibilizar, monitorear e

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Durante 2 años y medio la iniciativa Resilient Roots trabajó con OSC en diversos lugares del mundo para ayudarles a diseñar y poner en marcha proyectos de rendición de cuentas. Las organizaciones recibieron apoyo financiero y técnico para el diseño, implementación y revisión continua de su proyecto. La iniciativa fue coordinada por CIVICUS y con el apoyo técnico y estratégico es proporcionado por Keystone Accountability y Accountable Now, y del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) como socio regional. La primera fase piloto finalizó en 2019. A finales de 2020 se habló con muchas de las entidades nacionales para saber su situación nueve meses después de que finalizara el apoyo financiero y técnico. El resultado general fue muy alentador, ya que la gran mayoría informó de los resultados positivos y duraderos obtenidos gracias a este trabajo, como haber mejorado su capacidad para hacer frente a los retos relacionados con la Covid-19. Ver los resultados de la evaluación AQUÍ

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El EXPLORADOR es un buscador de recursos y herramientas para las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, particularmente enfocado en la región centroamericana. Tiene el objetivo de acercar a las organizaciones y personas defensoras de la región los recursos que podrían ayudarles a mejorar sus capacidades y aumentar su resiliencia en contextos de espacio cívico restringido. El EXPLORADOR organiza en una plataforma accesible informaciones variadas, preferiblemente en idioma español, acerca de las oportunidades disponibles, con un buscador temático y múltiples categorías que permiten a los y las usuarias identificar las opciones más adecuadas para su organización. Acceder al EXPLORADOR  

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Esta herramienta desarrollada por DIGNA/CIVICUS ayuda a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil en su camino hacia una mayor inclusión, diversidad y sensibilidad hacia las necesidades, identidades y antecedentes de su gente. Esta herramienta proporciona una instantánea de dónde se encuentra la organización en el espectro del modelo de madurez, con sugerencias sobre cómo crecer en las áreas que necesitan atención. No es una plataforma de calificación o certificación sino que busca ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a convertirse en modelos inspiradores y campeones de la diversidad y la inclusión en sus comunidades, ayudando en el proceso a nuestra misión común de construir un mundo mejor, más justo, socialmente más justo y amable. INGRESAR A LA APLICACIÓN

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En las Américas, las agresiones a la sociedad civil y a las libertades fundamentales se ha mantenido en medio de la pandemia mundial. Un informe publicado por el CIVICUS Monitor indica que las libertades cívicas, incluida la libertad de expresión, asociación y reunión, se están deteriorando incluso en países donde antes eran muy respetadas. La calificación de Costa Rica ha descendido de «abierto» a «estrecho», ya que el país ha promulgado leyes que restringen las protestas, y los grupos defensores indígenas han sufrido un aumento de los ataques. Otros tres países, Chile, Ecuador y Estados Unidos, han pasado de la categoría de «estrecho» a «obstruido». Estos cambios en las calificaciones reflejan la represión de los movimientos de protesta masivos, como la respuesta militarizada a las personas manifestantes de Black Lives Matter en Estados Unidos. La detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza fueron algunas de las cinco

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Ponemos a disposición el video de la mesa redonda virtual realizada por ANONG y el Instituto de Comunicación y Desarollo sobre transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil. Esta instancia de intercambio y debate buscó entablar un intercambio sobre la visión del tema desde los diversos actores para identificar las necesidades y prioridades en relación a la rendición de cuentas de las OSC, pero también en lo referido a su relación con otros actores o rendición de cuentas mutua. El concepto de rendición de cuentas no refiere solamente a cuestiones financieras, sino que tienen que ver con el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución, su gobierno interno, sus resultados, su impacto. Es además un ejercicio de contrapeso del poder tanto a la interna como en relación con otros actores. La construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas exige que cada organización tenga en cuenta

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La Ley Integral contra el Lavado de Activos de Uruguay incluye a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados. Todas las organizaciones sin fines de lucro en Uruguay, con o sin personería jurídica, y que superen determinado umbral de ingresos de cualquier naturaleza, están obligadas a una serie de responsabilidades y provisión de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). El titular de SENACLAFT Jorge Chediak, ha anunciado recientemente que pronto comenzarán los controles sobre “las organizaciones sin fines de lucro: las iglesias de todas las denominaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo tipo”. Uruguay, a través de SENACLAFT, es miembro de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental que establece estándares y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento

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Invitamos a taller informativo sobre las implicancias que la normativa para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo puede tener sobre las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay 👉INSCRIPCIONES AQUÍ La Ley Integral contra el Lavado de Activos de Uruguay incluye a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados. Todas las organizaciones sin fines de lucro en Uruguay, con o sin personería jurídica, y que superen determinado umbral de ingresos de cualquier naturaleza, están obligadas a una serie de responsabilidades y provisión de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). El titular de SENACLAFT Jorge Chediak, ha anunciado recientemente que pronto comenzarán los controles sobre “las organizaciones sin fines de lucro: las iglesias de todas las denominaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de fútbol y las organizaciones no gubernamentales (ONG)

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